Fuente: https://www.eltiempo.com/

Una voz de alerta para que se estimule la inversión de empresas diferentes a Ecopetrol y para que se saque a la industria petrolera del difícil momento que se vive en materia de inversión, producción y entorno, lanzó la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ayer, durante la apertura de la I Cumbre de Petróleo y Gas, evento organizado junto a otros gremios del sector con ocasión de los 100 años de la industria petrolera en el país.

El presidente de la (ACP), Francisco José Lloreda, sostuvo que si el país sigue como va, las petroleras irán dejando de invertir, situación que, de hecho, ya se está dando, toda vez que se tenía previsto invertir este año 4.500 millones de dólares en exploración y no es claro si se alcance a los 4.000 millones de dólares, al tiempo que los prospectos exploratorios están prácticamente congelados.

“Las empresas extranjeras quieren invertir, pero el nuestro es un país difícil. Si seguimos como vamos, irán dejando de invertir: ya lo están haciendo. Nos quedaremos con Ecopetrol, una gran empresa que mantendrá su producción un tiempo gracias a los proyectos de recobro y la política de reversión de campos; crecerá aún más su participación en una producción menguada y en declive, según las proyecciones de la ANH”, aseguró el dirigente.

Y agregó que, sin ser este el propósito, con contadas excepciones la estatización de la industria sería inevitable, precisamente por el ambiente en contra de la industria a nivel social, ambiental, regulatorio y de seguridad jurídica. “No queremos más impuestos, pero le hacemos la vida imposible a la industria que está en condiciones de aportarles al fisco y a las regiones los mayores ingresos”, señaló.

Precisamente, Lloreda dijo que el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que suspendió las normas técnicas para la exploración de hidrocarburos no convencionales, bajo la técnica del fracking, se tomó sin conocimiento.

“Hubiese esperado que se pronunciara sobre la legalidad del acto administrativo, que era lo propio de una demanda de nulidad. Se decidió, sin embargo, abordar el tema de fondo y realizar un análisis de la regulación técnica”, agregó.

Y dijo que entre los argumentos estuvo la “ausencia de normas ambientales”, lo cual era apenas obvio, porque las dos normas demandadas no eran ambientales. El directivo cuestionó que se diera como cierta la misma información sobre riesgos al ambiente y a la salud la misma que difunden en las redes y que “es engañosa y mentirosa”, y que se basa en un control de advertencia viejo de la Contraloría, del 2012, anterior a las normas expedidas para atender ese llamado.

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