Gremios mineros no ven viable que el Estado compre el carbón

Fuente: https://www.portafolio.co

En los últimos días ha resonado una promesa que hizo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a los mineros en Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander: “Supongamos que las termo cierran, y que la gran demanda de carbón se apaga. El Estado compra el carbón, ¿lo va a usar? No, no lo va a usar, pero va a sostener mientras aparecen actividades más rentables el ingreso de las familias, el empresario, y los trabajadores del carbón”.

Sin embargo, para los gremios mineroenergéticos, esta propuesta podría no solo ser compleja de implementar, sino que tendría un efecto negativo en las finanzas de los departamentos. “Realmente lo que se está planteando en esa propuesta es el desmonte de la generación térmica a carbón”, asegura Carlos Cante, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).

De acuerdo con Cante, si se cerraran las plantas de generación, se quedarían 6 millones de toneladas de carbón sin demanda, las cuales se extraen fundamentalmente de unas 5.000 operaciones de pequeña minería en el país, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. “Estamos hablando de aproximadamente unas 35.000 familias que dependen de la actividad de producción de carbón  térmico, que es el que se usa para generar energía y para los procesos industriales”, dijo.

Para la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), conformado por 14 empresas generadoras de energía eléctrica en Colombia, “eliminar este importante mineral tiene implicaciones muy relevantes que deben ser consideradas”.

En un comunicado emitido por el gremio se destaca que reemplazar la capacidad instalada de generación a carbón en el país (1800 MW) por energías renovables no convencionales -de carácter intermitente- significaría instalar el orden de 9000 MW de estas nuevas “fuentes limpias”. Y esto equivaldría a inversiones cercanas a $36 billones.

Desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM), su presidente, Juan Camilo Nariño, mencionó que la propuesta del candidato frente a la industria del carbón genera más preguntas que respuestas.

“Por ejemplo, ¿que va a hacer el Gobierno con el carbón? ¿Lo va a comercializar? ¿Lo va a almacenar? Si lo va a almacenar, ¿Dónde? ¿Cómo va a pagar la producción actual de carbón que supera los $50 billones? ¿Vamos a dejar de invertir en programas sociales por comprar el carbón local? ¿No es más fácil dejar que las compañías lo sigan vendiendo? ¿Qué va a hacer la industria local que depende del carbón para su producción?”, cuestionó Nariño.

El presidente de la ACM destacó también que el carbón aporta más de $4 billones en impuestos y regalías, genera más de 50.000 empleos directos y 244.000 indirectos, además realiza compras locales por más de $6 billones anuales lo que fomentan los encadenamientos locales en los territorios mineros.

De otra parte, Nicolás Arboleda, asociado de la práctica de EMI ( Energía, Minas e Infraestructura) de la firma Baker McKenzie aseguró que “hay varios elementos que hacen que la propuesta de que el gobierno le compre carbón a los mineros mientras avanza la transición energética sea completamente inviable”.

Para el experto, no solo se requeriría de mucho dinero que no tiene el Estado para realizar esas compras a valores de mercado, sino que también hay restricciones logísticas “insuperables”, y tendría impacto sobre empleos y la productividad regional.

“Se estima que el gobierno tendría que comprar no menos de 5 millones de toneladas de carbón anualmente, lo que a un precio de U$$100 la toneladas, equivaldría a U$$500 millones anuales. Eso es un poco más de la mitad del recaudo de regalías anual del país”, sostiene Arboleda, quien finalizó con que “la transición no puede hacerse de manera acelerada”.