Fuente: https://www.eltiempo.com/

Nueve gremios de energía eléctrica y gas natural le enviaron al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, una carta de siete páginas en las que exponen las consecuencias negativas que traerían las medidas que se adoptaron en el decreto de emergencia en La Guajira. «Observamos con gran preocupación que las medidas definidas no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, en tanto no solucionan la ausencia de infraestructura, ni el atraso en el desarrollo de los proyectos de energía», aseguran Andeg, Andesco, Asocodis, Acolgén, Naturgás, Andi, Asoenergía, Ser Colombia y Acce.

Estos gremios aseguran que la suspensión de los contratos de suministro de energía que se firmaron en las subastas de energías renovables de 2019 y 2021 generará incrementos en las tarifas que pagan los usuarios de entre un 3 y 8 por ciento%diciembre próximo, mayores costos para cerca de 16 millones de hogares, incluyendo los de La Guajira, cercanos a 170.000 millones de pesos mensuales.

Adicionalmente, dicen que esta suspensión no soluciona la causa raíz del atraso de los proyectos de generación y transmisión, y, por el contrario, expone a los usuarios a los precios de bolsa durante el periodo de suspensión, los cuales se incrementaran debido al fenómeno de ‘El Niño’; por tanto, todos los usuarios del país tendrán que asumir mayores costos vía tarifa de energía. La suspensión de los contratos también llevaría a que las empresas que prestar el servicio de electricidad a comprar mayores cantidades de energía en bolsa a precios más altos.

Esto, sumado a los actuales saldos acumulados de la opción tarifaria pendientes de recuperar que ya llegan a los 5 billones de pesos, ocasionaría limitaciones en su flujo de caja que los expondrá a problemas financieros.

Intervención del mercado

Para los gremios, establecer una prioridad para los proyectos solares y eólicos que se construyan en La Guajira en las subastas de Cargo por Confiabilidad es «una intervención del mercado innecesaria que afectara la competencia y la formación eficiente de precios, y desincentivará la participación de nuevas inversiones». Aseguran que las subastas del Cargo por Confiabilidad permiten que los usuarios puedan acceder al precio más eficiente de energía firme resultante de la competencia entre todo tipo de tecnologías de plantas nuevas y son estructuradas bajo un análisis de eficiencia que pondera las necesidades de expansión de la oferta y garantía del abastecimiento de la demanda en el país, con señales hasta por 20 años.

Esta medida también tendría efectos sobre la formación de los precios de este tipo de subastas y podría desincentivar la participación de proyectos en la próxima subasta convocada para noviembre próximo. Otra medida que le preocupa a los gremios es el aporte de 1.000 pesos por factura que deben realizar los usuarios de estratos 4, 5 y 6, y de 5.000 pesos por factura para los usuarios comerciales e industriales.

Dicen que este aporte obligatorio tendrá un impacto apreciable para todos los usuarios del país, a partir de incrementos en sus facturas y ocasiona riesgos de aumento de cartera para los comercializadores. Antes de establecer nuevas cargas a los usuarios, los gremios le piden al ministro Andrés Camacho revisar la asignación y ejecución de los recursos que existen actualmente para La Guajira, como las regalías y los no comprometidos de los fondos eléctricos que están destinados a la electrificación del servicio.

«La mayoría de las disposiciones previstas en el decreto generan un impacto negativo para todo el país y, específicamente, para los usuarios del servicio de energía eléctrica, ocasionando incrementos en las facturas», advierten. Además, señalan que para garantizar el abastecimiento seguro y eficiente de energía eléctrica en el país, las decisiones que tome el Gobierno nacional deben tener como base el respecto por la libertad de empresa y la participación de capital público, privado y mixto en el desarrollo del sector.

También se debe tener en cuenta la eficiencia tarifaria en los servicios regulados y en los mercados establecidos; la suficiencia financiera para los prestadores de los servicios públicos; y la estabilidad jurídica y normativa.