Fecha: 23/Sep/2020

Fuente: https://www.elespectador.com

El teletrabajo o trabajo en casa, así como las plataformas digitales que permiten generar ingresos, son claves; sin embargo, implican retos regulatorios, por ejemplo, en materia de derechos laborales y seguridad social.

La tecnología ha mostrado ser una herramienta valiosa para que los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 no sean aun más graves. En Colombia, cerca de cinco millones de personas han perdido su trabajo durante los últimos meses, con las mujeresjóvenes e “informales” como los más afectados. Sin embargo, por medidas como el trabajo en casa —a través de la tecnología—, según el Ministerio de Trabajo, una tres millones de personas pudieron conservar su empleo.

Un documento reciente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —titulado “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el COVID-19 ?”— señala oportunidades y retos que se presentan con el uso de las plataformas tecnológicas como una forma de recuperar el empleo en América Latina. Esta región, recuerda el documento, ha sido particularmente afectada por la pandemia por factores como los altos niveles de informalidad laboral que padece. “Se estima que se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar al 62% en la región, lo que equivaldría a perder todos los avances logrados entre 2000 y 2013”, señala el BID.

El “trabajo en casa”

En Colombia, se ha denominado “trabajo en casa” a la labor que muchas personas pasaron de desempeñar en una oficina a desempeñar desde sus casas. Es diferente del teletrabajo, creado por ley en 2008, pues el teletrabajo es un esquema mucho más exigente y rígido del que se ha permitido transitoriamente a causa de la pandemia.

El “trabajo en casa”, con seguridad, para muchas personas ha significado también tener que llevar a cabo reuniones con colegas u otras personas a través de plataformas virtuales. El BID señala que entre enero y abril de 2020, la tasa de descargas de aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams, entre otras, incrementó de manera sustancial: 3340 % en América Latina y el Caribe, 2433 % en Europa y 1509 % en Estados Unidos.

Sin embargo, pese a las bondades que puede tener el “trabajo en casa” –para el trabajador, particularmente para las personas que son cuidadoras o sufren alguna discapacidad que dificulta su movilización; sus familias y hasta el medioambiente–, también han salido a relucir varios desafíos. “A pesar de que da mayor flexibilidad de horarios, también hace más difícil definir de qué hora a qué hora trabajamos, lo que puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y física”, sostiene el documento del BID.}

Precisamente la semana pasada, en Colombia, el gremio de empresarios ANDI y el Ministerio de Trabajo presentaron los resultados de una encuesta —en la que participaron 277 organizaciones y 8.669 trabajadores— que dio como resultado que cerca del 60 % de los trabajadores en casa están laborando más de ocho horas diarias (la jornada legal en el país).

Para que se garanticen los derechos de los trabajadores en este nuevo contexto —y quizá modernizar el marco de teletrabajo ya existente— el Gobierno ha anunciado la radicación de un proyecto de ley para regular el trabajo en casa, cuyo texto, sin embargo, aún no se conoce.

Plataformas tecnológicas

Al hablar de plataformas tecnológicas para el trabajo —aquellas que, según la entidad, tienen un gran potencial para ayudar a recuperar el empleo en la región—, el BID menciona dos tipos: están, por un lado, las que permiten desarrollar actividades profesionales, semiprofesionales o microtareas en línea, desde cualquier lugar —probablemente la casa—, como freelancer.com o el servicio de Amazon Mechanical Turk. Por otro lado, están aquellas que requieren movilización o de un sitio específico, como Uber y Rappi, entre otros, cuyo uso se ha incrementado en medio de la pandemia.

Estas últimas, particularmente, desde antes del covid, han sido una opción de generación de ingresos para muchas personas. El BID señala que la posibilidad de ganar dinero y la flexibilidad horaria que permiten son algunos de los beneficios que ven quienes las usan como prestadores de servicios.

Sin embargo, el BID no deja de señalar los desafíos, principalmente regulatorios, que todas estas modalidades implican.

Los retos

De entrada, el acceso a internet es uno de los desafíos. “Aunque la penetración de las TIC en la región está por encima del promedio mundial, existen rezagos importantes”, dice el documento. Uno de ellos es que el acceso es principalmente móvil, lo que dificulta desempeñar cierto tipo de tareas; asimismo, aún queda mucho por hacer en materia de banda ancha (es decir: no se trata solo de que haya internet, sino que este esté a la altura de las necesidades y sea de buena calidad).

“Las diferencias en el acceso a TIC pueden exacerbar las desigualdades entre los países y dentro de ellos si no se implementan políticas que aseguren una mayor adopción”, advierte el BID, lo que aplica tanto para las personas o comunidades como para las empresas. Aquellas que no se transformen están en mayor riesgo. Para hacerse una idea, según un estudio de la firma Manpower Group, apenas 12 % de las pymes y 16 % del sector público en el mundo estaban preparados para implementar el trabajo remoto cuando llegó la pandemia.

“Aun si se tiene acceso a internet, un segundo reto es que pocos trabajadores están preparados para beneficiarse de las oportunidades que brinda la tecnología. En la región, la brecha de habilidades digitales es abrumadora”, añade el documento. Según los datos disponibles, por ejemplo, el 43,6 % de los adultos en Perú no tiene experiencia utilizando computadoras o falló una prueba básica sobre el uso de tecnologías de información, por encima de México (39,3 %), Ecuador (32,9 %) y Chile (25,2 %), muestra el estudio.

Otro gran desafío (que ya lo era) es la seguridad social. “Resulta indispensable buscar alternativas para modificar el funcionamiento de la seguridad social de tal forma que se pueda adaptar a las necesidades de la población, logrando que las tecnologías sirvan para generar nuevas fuentes de ingresos laborales”, dicen los investigadores del BID. “Existen diversas propuestas para lograr un aseguramiento universal contra riesgos de salud y vejez, y el común denominador de las propuestas es desvincular los sistemas de seguridad social de la relación laboral”, agregan.

Sobre este último asunto, el Gobierno radicó un proyecto de ley que busca protección social para los trabajadores de plataformas tecnológicas. La propuesta está basada en los sistemas existentes: el de seguridad social (en el régimen contributivo de salud y ahorro para pensión) y el “piso de protección social”, la alternativa —polémica y rechazada por sectores de la sociedad como las centrales obreras— para las personas que al mes ganan menos de un salario mínimo como consecuencia de que trabajan a tiempo parcial (es decir, no la jornada completa).

Este proyecto —que apela a la solidaridad de las plataformas en los aportes a protección social—, no obstante, aclara que su aprobación no implicaría automáticamente la validación de los esquemas de operación de las plataformas, en clara referencia a Uber y otras. El funcionamiento de estas aplicaciones, en este caso en el sector del transporte, se ha intentado regular en varios intentos sin éxito en el país. Para la protección de los trabajadores, hay en trámite por lo menos otras tres propuestas legislativas de los congresistas.

Para los investigadores del BID, las plataformas digitales y el teletrabajo tienen el potencial de contribuir a la recuperación del empleo en la región. Por esa razón, señalan que es necesario definir los marcos legales para proteger a los trabajadores, aumentar los esfuerzos para la capacitación y empleabilidad de los jóvenes y la fuerza laboral en general en el marco de la llamada “cuarta revolución industrial”, así como seguir aumentando el acceso a las TIC y la cobertura de internet.

Son desafíos para nada fáciles, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones fiscales más agudas que enfrentan ahora los países. Por eso, los investigadores señalan la importancia, por ejemplo, de “consolidar sinergias con el sector privado para afrontar la brecha digital en favor de la productividad”.

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