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El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro nombrar en propiedad, y de manera inmediata, a los seis comisionados expertos de la Comisión de Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La decisión confirma la sentencia del pasado 25 de enero emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se da en respuesta a una impugnación interpuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“La Sala comparte la conclusión mayoritaria del Tribunal de primera instancia en tanto que el Presidente de la República debe nombrar las plazas que resulten vacantes de manera permanente por el periodo que señala disposición (de cuatro años)”, indicó el fallo de la Corte. Asimismo, destacó la importancia de la función regulatoria de la CREG “como mecanismo de intervención en los servicios públicos, considerada como esencial a la finalidad social del Estado, dada la injerencia que tiene en la calidad de vida y la dignidad de las personas”.

Y es que el lento proceso de los nombramientos de la Comisión ha retrasado la toma de acciones frente a la coyuntura energética del país, pues la entidad es la encargada de regular las tarifas de energía y gas, así como de promover la competencia en el mercado.

Interinidad preocupa

Fue apenas el pasado 5 de abril que la CREG completó el quórum suficiente para tomar decisiones; sin embargo, esas designaciones fueron en encargo.

En esa ocasión, el Gobierno Nacional nombró al ingeniero Juan Camilo Vallejo como uno de los nuevos expertos comisionados y expidió dos decretos en los que también se designó en calidad de encargados al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, y a Antonio Jiménez, quien ya ocupó este cargo de comisionado en noviembre de 2023. Pero ambos están en los puestos faltantes de manera temporal.

No obstante, para algunos analistas del sector dichas designaciones no fueron convenientes, ya que Velandia, por ejemplo, es subalterno del presidente Petro, lo que establece un manto de duda sobre su independencia. Esto, además, puesto que el Gobierno ya tiene tres delegados en la CREG, pues allí tienen asiento el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López.

De esta manera, a la fecha, el director de la entidad, Omar Prías, es el único comisionado en propiedad. De hecho, ante esta situación, la Procuraduría ya había lanzado una advertencia respecto al impacto que la ausencia de nombramientos podría tener en las determinaciones técnicas que involucran al sector energético.

Por esta razón, anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro Camacho. Según la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, hay descoordinación institucional para la toma de decisiones requeridas, poniendo en riesgo la política pública energética del país.

“La CREG ha sesionado menos veces en comparación con años anteriores y los encargos subordinan la toma de decisiones técnicas y eso no es lo adecuado (…) Hoy en propiedad solo hay uno, el que tiene la función de dirección la Comisión, de resto están encargando a viceministros o directores. Desde el 21 de febrero hasta el 2 de abril no hubo sesiones por falta de quórum y posesionaron a dos comisionados pero en encargo”, sostuvo Cabello.

Agregó que, pese a los llamados de alerta que se han realizado, el ministro Camacho ha afirmado que no han podido encontrar a los técnicos especiales para hacer los nombramientos en propiedad. “Ministro, hay muchísimos expertos en este país que están dispuestos y que tienen la experiencia y conocimiento para ser comisionados en la CREG. Su excusa de que no se encuentran no es la adecuada”, anotó la procuradora.

Más llamados

Dado este contexto, el centro de estudios económicos Anif también presentó un análisis sobre la inoperancia del ente regulador y los efectos que ha tenido la interinidad en la cantidad de resoluciones expedidas. De acuerdo con el informe, en los dos últimos años se ha evidenciado una caída en la cantidad de resoluciones emitidas por la CREG, siendo el nivel del año pasado el más bajo de las últimas dos décadas: en 2021 se expidieron 136 resoluciones; en 2022 pasó a 73 y en 2023 se ubicó en 70.

“La calidad de un ente regulatorio no puede necesariamente medirse por el número de resoluciones, pero está claro que la ausencia de una mayoría calificada para deliberar está teniendo un efecto negativo en la operatividad de la institucionalidad”, señaló el centro de estudios.

El análisis también hace énfasis en cómo la coyuntura puede servir para hacer una reflexión sobre el diseño institucional de la CREG y las prácticas regulatorias. Dos aspectos que podría plantearse al regresar a su operatividad normal. “Los entes regulatorios deben tener un alto grado de independencia frente a la industria, para evitar ser coaptados por intereses particulares, pero también deben procurar evitar las presiones propias de las urgencias de los gobiernos de turno, ya que sus objetivos son de mediano y largo plazo”.

Finalmente, desde Anif recalcaron que se espera que en el corto plazo se resuelvan los problemas de operatividad de la Comisión y “que en el largo plazo no sea necesario otro apagón para motivar una serie de cambios que le den más robustez e independencia técnica a la entidad”.