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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se enfrenta a un problema operacional ante la falta de comisionados nombrados en propiedad. Desde hace casi un año la entidad viene funcionando con expertos encargados, lo que ha dificultado la toma de decisiones relacionadas con el ámbito energético del país.

Según lo establece el artículo 44 de la ley 2099 de 2021, la CREG debe estar integrada por el ministro de Minas y Energía; el ministro de Hacienda; el director del Departamento Nacional de Planeación, y seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, los cuales deben ser nombrados por el Presidente para ejercer labores por un periodo de cuatro años.

No obstante, a la fecha el director de la entidad, Omar Prías, es el único comisionado en propiedad. De hecho, ante esta situación, la Procuraduría lanzó una advertencia respecto al impacto que la ausencia de nombramientos podría tener en las determinaciones técnicas que involucran al sector energético.

En ese contexto, el centro de estudios económicos Anif presentó un análisis sobre la inoperancia de este ente regulador y los efectos que ha tenido la interinidad en la cantidad de resoluciones expedidas por la entidad.

Impacto en las resoluciones

De acuerdo con el informe de Anif, en los dos últimos años se ha evidenciado una caída en la cantidad de resoluciones emitidas por la CREG, siendo el nivel del 2023 el más bajo de las últimas dos décadas.

«La calidad de un ente regulatorio no puede necesariamente medirse por el número de resoluciones, pero está claro que la ausencia de una mayoría calificada para deliberar está teniendo un efecto negativo en la operatividad de la institucionalidad», señala el centro de estudios.

Para dimensionar mejor los datos, en 2021 se expidieron 136 resoluciones. Para 2022, esa cifra pasó a 73 y en 2023 se ubicó en 70. Ahora bien, al analizar las resoluciones expedidas frente a las previstas en la agenda regulatoria anual, se observó que en el último año en ninguno de los servicios se cumplió con la agenda propuesta, en particular en los temas relacionados con el sector de gas.

En este punto, y considerando este panorama, Anif hace un llamado para que desde el Gobierno se efectúen los nombramientos que hacen falta. En especial, en un momento en el que se necesitan análisis precisos y de carácter técnico. «La prioridad en este momento debe ser el nombramiento de comisionados expertos que ayuden a encausar muchas de las discusiones regulatorias», señala.

El análisis también hace énfasis en cómo la coyuntura puede servir para hacer una reflexión sobre el diseño institucional de la CREG y las prácticas regulatorias. Dos aspectos que podría plantearse al regresar a su operatividad normal.

«Los entes regulatorios deben tener un alto grado de independencia frente a la industria, para evitar ser coaptados por intereses particulares, pero también deben procurar evitar las presiones propias de las urgencias del gobierno de turno, ya que sus objetivos son de mediano y largo plazo».

De la misma manera, Anif destaca que se espera que en el corto plazo se resuelvan los problemas en torno a la operación y que en el largo plazo no sea necesario un evento a la magnitud del apagón del 1994 (acontecimiento que derivó en la creación de la CREG) «para motivar una serie de cambios jurídicos que le den más robustez e independencia técnica a la entidad».