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Gremios del sector energético le remitieron una carta al presidente Gustavo Petro con algunas propuestas enfocadas en para aliviar las tarifas de energía a los usuarios en la Costa Caribe.

En la misiva, las entidades también hacen mención de los factores que han impulsado el incremento de los costos del servicio en esa región del país y cómo los nuevos prestadores del servicio han tenido que hacerle frente a las condiciones y eventos inesperados. Además, se expone la situación de estrechez entre la oferta y la demanda de energía, la cual se ha acrecentado por la dinámica del consumo y la demora de los proyectos en curso.

En ese contexto, en concreto, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y Naturgas presentaron cinco propuestas que consideran que se podrían aplicar para bajar las tarifas.

Las acciones a seguir

En primera instancia, las agremiaciones proponen establecer un alivio para los usuarios de la Costa con nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN). Para esto se contemplarían dos alternativas: cubrir los saldos pendientes que tienen los usuarios por la opción tarifaria o subsidiar el 50 % de las pérdidas durante seis meses.

En el primer caso, se asignarían 2,5 billones de pesos para este alivio; mientras que en el segundo el monto correspondería a un billón de pesos, el cual se le entregaría a los dos prestadores del servicio de energía del Caribe. De acuerdo con las entidades, «los recursos mencionados son mucho menores a los aportes anuales que el sector eléctrico proporciona en impuestos, de alrededor de $4,7 billones».

Otra de las propuestas que menciona la misiva se enfoca en generar las condiciones para que haya una mayor oferta de energía y que los usuarios se vean beneficiados con una competencia más amplia. Para lograrlo se solicita garantizar la disponibilidad de gas natural, así como mejores condiciones técnicas y de seguridad. A lo anterior se le suma el optimizar la confianza inversionista para que los proyectos de energía en construcción y futuros entren en operación y entreguen más energía al sistema.

También se considera necesario realizar el nombramiento de los seis expertos comisionados de la CREG con dedicación exclusiva, y el perfil técnico y experiencia mínimos para la construcción de reglas claras y de largo plazo que generen confianza inversionista.

Como un tercer aspecto, las agremiaciones hacen énfasis en la importancia de crear cultura ciudadana frente al cuidado del servicio de energía. Aspecto que se puede promover fortaleciendo la penalización por conexiones ilegales y robo de energía; rechazar cualquier acto que se tome en contra de la infraestructura y del personal que cumple sus labores al prestar el servicio, y realizar una campaña de uso eficiente de la electricidad.

El papel de las autoridades

En lo que se refiere a las acciones a cargo de las autoridades competentes, los firmantes plantean que se asegure el pago total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos.

«El valor adeudado por concepto del servicio de energía por estas entidades hoy asciende a alrededor de $350 mil millones. Su pago permitirá a los prestadores tener una mejor condición para recomponer los montos cobrados a los usuarios que están bajo su gestión, como el lapso en el que se cobrará el saldo de la opción tarifaria», se explica en el texto.

Por esa misma línea, se propone revisar los impuestos locales definidos por los gobiernos departamentales y municipales. Esto con miras a evaluar la posibilidad de reducir o separar temporalmente el valor de los tributos relacionados con el alumbrado público y seguridad, puesto que estos pueden llegar a representar el 30% del valor de la factura.